International Coalition For Human Rights in the Philippines
Comunicado de prensa
18 de mayo de 2024
Bruselas, Bélgica (17 y 18 de mayo) – El Tribunal Internacional de los Pueblos en Bruselas escuchó testimonios desgarradores de víctimas
y expertos que detallaron abusos generalizados contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario cometidos
por el gobierno filipino y sus fuerzas militares bajo los regímenes de Marcos y Duterte, con el apoyo del gobierno de EEUU.
“La Coalición Internacional por los Derechos Humanos en Filipinas (ICHRP) tiene el honor de respaldar este Tribunal Internacional de los Pueblos sobre Filipinas en 2024 para investigar presuntas violaciones del derecho internacional humanitario y crímenes de guerra contra el
pueblo filipino”, declaró el Presidente Global de la ICHRP, Peter Murphy. “Los testigos demostraron el coraje y la determinación del pueblo filipino para hacer valer sus derechos humanos básicos a la vida, la libertad, la autodeterminación y el desarrollo genuino”.
El IPT es un mecanismo cuasi judicial mediante el cual se presentan evidencias a un panel de jurados para emitir un juicio sobre cargos específicos, en este caso, crímenes de guerra cometidos durante la guerra civil en Filipinas.
Entre los jurados se encontraban: Lennox Hinds, profesor de Derecho en la Universidad de Rutgers y ex asesor jurídico del Congreso Nacional Africano; Suzanne Adely, presidenta del National Lawyers Guild (EE.UU.); Severine De Laveleye, miembro de la Cámara de Representantes de Bélgica; Julen Arzuraga Gumuzio, miembro del Parlamento Vasco y el Arzobispo Joris Vercamen, ex miembro del Comité Central del Consejo Mundial de Iglesias.
El panel de eminentes juristas escuchó durante dos días el testimonio de 15 testigos que cubrieron violaciones específicas del Derecho
Internacional Humanitario.
VIOLACIONES DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO BAJO DUTERTE
El primer día, las víctimas proporcionaron relatos escalofriantes de primera mano sobre ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y ataques a comunidades indígenas que defendían sus tierras ancestrales de la minería y el saqueo corporativo, bajo el régimen del presidente Duterte.
Estos relatos incluyeron el testimonio de Brandon Lee, un ciudadano estadounidense convertido en activista en la provincia de Ifugao, quien fue baleado por presuntos agentes estatales después de haber sido víctima de “red-tagging”, amenazado y vigilado. Lee sobrevivió y ahora es tetrapléjico, pero en sus palabras, “continúa usando su voz” para el cambio social.
Ariel Casilao habló del brutal asesinato del Consultor de Paz Randall Echanis en su casa mientras dormía en agosto de 2020. “La brutalidad, barbarie y crueldad del asesinato de Ka Randy es una violación del Derecho Internacional Humanitario y de todas las leyes existentes en Filipinas’’, añadió Casilao. “Permítanme enfatizar que Ka Randy era un consultor desarmado del NDFP (National Democratic Front). Era una figura clave en las negociaciones de paz”.
Eufema Cullamat testificó sobre el asesinato y la deshumanización de su hija, Jevilyn Cullamat, a manos de soldados. Cullamat compartió que los soldados fotografiaron el cadáver de su hija como un “trofeo de guerra”.
La testigo Jeany Rose Hayahay describió cómo las escuelas públicas para niños indígenas en Mindanao han sido etiquetadas como centros de reclutamiento “comunistas” y atacadas implacablemente, con maestros voluntarios asesinados o acusados de terrorismo. La ley marcial en Mindanao permitió una mayor militarización, restricción de movimientos y normalización de la impunidad contra los pueblos Lumad.
VIOLACIONES DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO BAJO MARCOS JR.
El segundo día se abordaron las violaciones cometidas desde que Ferdinand Marcos Jr. asumió la presidencia en julio de 2022.
Hubo un testimonio convincente de Jonila Castro, quien junto con un colega Jhed Tamano fue secuestrada por el ejército en septiembre de 2023 en la provincia de Bataan. Después de 17 días de interrogatorio, las dos fueron presentadas por el ejército y el NTF-ELCAC (agencia gubernamental encargada de la contrainsurgencia) como rendidas del NPA (New Peoples’ Army) en una conferencia de prensa pública. Fue en este momento que ambas retractaron sus confesiones forzadas y expusieron su secuestro por parte del ejército y la policía. Este fue otro ejemplo de activistas civiles atacados por el ejército.
Otro testigo informó sobre bombardeos aéreos indiscriminados y bombardeos de comunidades en aldeas de las tierras altas de la provincia de Kalinga. El ejército llevó a cabo múltiples bombardeos aéreos en dos barangays del municipio de Balbalan entre el 5 y 9 de marzo de 2023. El 9 de marzo, al menos 6 bombas detonaron cerca de la escuela primaria de Gawaan, poniendo en riesgo a estudiantes y profesores. Estos incidentes constituyen múltiples casos de ataques a civiles e infraestructura civil. También se señaló que las comunidades afectadas eran sitios potenciales para un gran proyecto hidroeléctrico al que los residentes se oponían.
Otro crimen de guerra fue el asesinato de cinco combatientes del NPA en Bohol en febrero de 2024. El ejército afirmó que murieron en un enfrentamiento, pero testigos y publicaciones en las redes sociales muestran que las víctimas aún estaban vivas y bajo custodia militar antes de ser torturados y asesinados. Las pruebas muestran que los cinco fueron víctimas de crímenes de guerra, específicamente el incumplimiento de los Convenios de Ginebra sobre el trato a los prisioneros de guerra.
También hubo testimonio de Emile Fausto sobre el asesinato de sus padres y hermanos jóvenes de 14 y 11 años a manos del ejército filipino el 14 de junio de 2023. Sus padres eran miembros de una organización de agricultores local; los cuatro recibieron disparos en su casa mientras dormían. Fueron atacados por su membresía en el grupo de agricultores local. Habían sido víctimas de amenazas continuas por parte del ejército y se habían quejado ante las autoridades por acoso militar. El 94º Batallón de Infantería fue identificado como los autores de este crimen; el padre había sido previamente agredido físicamente por soldados mientras estaba bajo custodia por ser un supuesto partidario del NPA.
Muchas de las víctimas testificaron que había una falta de distinción entre civiles y combatientes en la conducción de la guerra del gobierno filipino contra el movimiento revolucionario. La campaña de contrainsurgencia apuntó deliberadamente a civiles, lo que provocó acoso sistemático como se demostró en el caso de la trabajadora de derechos humanos Hailey Pecayo, los casos de Jhed Tomano y Jonila Castro y llegando hasta el extremo del intento de asesinato y asesinato de un activista político civil.
APOYO DE ESTADOS UNIDOS A LOS CRÍMENES DE GUERRA EN FILIPINAS
Marjorie Cohn, jurista estadounidense y profesora emérita de Derecho de la Facultad de Derecho Thomas Jefferson, testigo experta en autodeterminación y derecho internacional, afirmó que el gobierno filipino, totalmente respaldado por Estados Unidos, ha participado en una “represión violenta del pueblo filipino” y en violaciones que constituyen “crímenes de guerra según el derecho internacional humanitario”. Afirmó que la lucha armada del Frente Democrático Nacional constituye una guerra legítima de liberación nacional amparada en convenciones internacionales.
Teddy Casino, experto en contrainsurgencia en Filipinas, testificó que EEUU ha permitido de manera encubierta el amplio programa de contrainsurgencia del ejército filipino que apunta y aterroriza indiscriminadamente a las poblaciones civiles. Reveló que, incluso cuando Estados Unidos criticó abiertamente la brutal guerra contra las drogas de Duterte, proporcionó millones de dólares en ayuda militar y venta de armas. “El actual programa de contrainsurgencia del gobierno filipino está inspirado, financiado, entrenado y suministrado por el gobierno de Estados Unidos”, afirmó Casino. “La mano de EEUU ha estado presente en cada iteración de la campaña contrainsurgente filipina y sus resultantes violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”.
NECESIDAD URGENTE DE RESPUESTA INTERNACIONAL
La fiscalía estableció a través de amplia evidencia que los acusados, al llevar a cabo su campaña de contrainsurgencia durante el conflicto armado, participaron intencionalmente en una letanía de violaciones atroces del derecho internacional humanitario contra el pueblo filipino. El gobierno de Estados Unidos desempeñó un papel facilitador clave, haciéndolo cómplice de estas atrocidades. Estos crímenes abominables incluyeron la matanza de civiles, ataques intencionales contra civiles, guerras indiscriminadas que causaron lesiones excesivas y daños ambientales, desplazamientos forzados, bloqueo de la ayuda humanitaria, actos de terror contra civiles, ejecuciones extrajudiciales, torturas, profanación de cadáveres, secuestros y detenciones ilegales y cargos inventados.
Después de una cuidadosa consideración de la extensa evidencia, el tribunal declaró por unanimidad a los acusados Ferdinand Marcos Jr., el ex presidente Duterte, el gobierno filipino, Joseph R. Biden y el gobierno de Estados Unidos culpables de los presuntos crímenes de guerra y violaciones del derecho internacional humanitario.
Este veredicto inequívoco condena rotundamente la flagrante violación de las normas internacionales de los conflictos armados y a los derechos humanos fundamentales por parte de los acusados.
A raíz de este fallo crítico, ICHRP hace un llamado a sus miembros, red y personas inspiradas por este tribunal a realizar inmediatamente una semana de acción en respuesta, del 21 al 27 de mayo, movilizando el apoyo solidario para el pueblo filipino contra la intensa campaña de contrainsurgencia respaldada por EEUU que causa un profundo sufrimiento y opresión en Filipinas.
